4 años de la Ley de Aborto: entre el Estado que desmantela y el activismo feminista que sostiene

El 30 de diciembre de 2020, con una marea verde en el Congreso de la Nación y en cada plaza de ciudades y pueblos de Argentina, se aprobó la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Una ley de vanguardia para la región que dispone que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga garanticen la cobertura integral y gratuita de la práctica. 

Pero a 4 años de su sanción, el gobierno nacional libertario con su impronta antiderechos se encarga de desmantelar cada área que garantiza derechos reproductivos y no reproductivos. Por eso, ya empiezan a sentirse los faltantes de medicación para la interrupción del embarazo, como lo es la mifepristona y misoprostol al tiempo que comienzan a proliferar profesionales de la salud que se animan a decir que no garantizan el aborto. Es que con el discurso anti derechos de Milei y su gabinete, el camino está allanado para los y las dinosaurios que pululan en los sistemas de salud.

Alcanzar la ley no fue un recorrido fácil. Activistas feministas de todos los ámbitos fueron labrando el camino por décadas. Camino que culminó con la ley más colectivamente lograda por los feminismos y transfeminismos de Argentina. Una marea verde que sentó las bases que siguen vigentes de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y que insiste en hacer vivir la ley, pese al gobierno nacional y los  gobierno provinciales abiertamente anti aborto.

La Campaña por el Derecho al Aborto, más vigente que nunca

Desde sus redes oficiales, la Campaña Nacional por el derecho al Aborto reafirmó que  la plena implementación de la ley en el sistema de salud responde a una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos.  Remarcó, además,  que “frente al ajuste presupuestario en políticas para el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva le recordamos al Gobierno Nacional que la aplicación de la Ley 27.610 es de orden público y obligatoria en todas las provincias”. 

“En 2024 el Ministerio de Salud de la Nación no compró ni distribuyó misoprostol y mifepristona para garantizar abortos en los centros de salud, atentando intencionalmente contra la garantía del derecho. Desde su asunción, Milei y sus aliados han atacado el derecho al aborto y a quienes lo defendemos, han amenazado con derogar la ley y han buscado incumplirla a nivel nacional a través del desfinanciamiento”, se detalló desde la Campaña.

Y las denuncias, con datos concretos, se hicieron presente: “en diciembre de 2023, el actual gobierno nacional despidió a 619 trabajadores del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), el cual era un programa destinado a la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. A todo esto, el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo nacional presenta recortes en programas clave para la salud sexual en Argentina. El presupuesto 2025 elimina recursos para la ESI y para el Programa de Salud Sexual profundizando la falta de información y las barreras de acceso a estos derechos para la mayoría de la población”.

Qué sucede en San Luis

Desde las regionales de la Campaña por el Derecho a Aborto explican que la “falta de ecógrafos y de disponibilidad de turnos para acceder a ecografías dilata los tiempos que estipula la ley para garantizar el aborto voluntario”. Tiempo que por ley no debe ser superior a 10 días.

Esa situación se repite hasta el cansancio en toda la provincia de San Luis ya que conseguir turno para ecografía en el sistema público una odisea. Al igual que la disminución de profesionales y hospitales del sistema de salud que garanticen el acceso a la ley. El caso más complejo es el de Maternidad Central Teresita Baigorria, que desde siempre mostró dificultades para cumplimentar la ley 27.610. Y que desde el inicio de la gestión poggista directamente no garantiza, sino que se dilata y violenta a toda persona que acude para solicitar una IVE.

La medicación para abortar se garantiza en territorio sanluiseño, ya que la anterior gestión del Programa Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva dejó provisión de misopostrol, elaborada por Laboratorios Puntanos,  para el 2024 y 2025. Según ha trascendido de manera informal, el actual director del Programa no sabe si al se terminarse el actual stock disponible, el estado provincial garantizará la elaboración de la medicación para abortar necesaria.

Desde la Campaña remarcan que “en las zonas más conservadoras se acentúa la violencia gineco-obstétrica contra quienes recurren a los centros de salud solicitando una interrupción, empujando a las personas al aborto inseguro y clandestino”. Y es evidente que San Luis comienza a transitar un retorno al conservadurismo anti derechos. 

Los logros de la ley

Desde la Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina (REDAAS) detallan que “según el reporte del Proyecto Mirar ´Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales´ (agosto 2024), desde que la interrupción del embarazo es ley, se lograron cambios significativos en indicadores como mortalidad materna, fecundidad adolescente y ampliación de los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE”.

En el informe se detalla que desde su implementación, las tasas de fecundidad específicas de niñas y adolescentes mantuvieron la tendencia al descenso; el número de muertes maternas por aborto disminuyó, especialmente las relacionadas al aborto médico, otros abortos y abortos no especificados; los servicios de salud pública que realizan abortos se duplicaron en tres años, incrementando las posibilidades de acceso y reduciendo desigualdades.

Es decir, como explican desde REDAAS, la implementación de la ley se traduce en más personas que acceden a los servicios de salud de forma oportuna y segura, menos muertes y complicaciones por abortos inseguro y libertad para decidir sobre la propia vida.

Las y les activistas que defienden y hacen cumplir la ley saben que, agudizado por el contexto hostil, el camino por recorrer no es sencillo. Pero, como remarcan en sus redes sociales Socorristas en Red, esa red feminista y transfeminista que acompaña las decisiones de abortar en todo el territorio argentino, “a 4 años de aborto legal, seguro y gratuito en Argentina seguimos cuidando la ley para que viva en las instituciones”. Porque “el derecho a abortar es ley”.