Mendoza: la Legislatura debate la nueva ley de tierras estatales

Este martes podría aprobarse en la Legislatura de Mendoza una ley que permite regularizar tierras fiscales en manos de particulares y licitar otras con fines productivos. El proyecto generó apoyo transversal, pero también fuertes cuestionamientos por el riesgo de extranjerización de tierras y falta de controles.

El Senado provincial tratará este martes un proyecto de ley que busca establecer un marco general para las tierras fiscales de Mendoza. La iniciativa tiene como objetivo identificar, clasificar y disponer el uso de los terrenos que pertenecen al Estado provincial, ya sea para regularizar situaciones existentes o para ponerlos a disposición de emprendimientos productivos mediante licitaciones.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción y volvió al Senado tras algunas modificaciones en Diputados, establece criterios para la venta, donación o concesión de tierras, y contempla la elaboración de un registro público de tierras fiscales. También prevé mecanismos de adjudicación directa a pequeños productores que ya habiten o trabajen tierras estatales.

La propuesta despertó expectativas entre quienes aspiran a una mayor seguridad jurídica para familias rurales, pero también encendió alarmas en sectores políticos y sociales que advierten sobre el riesgo de privatización encubierta, extranjerización de tierras estratégicas y falta de controles efectivos, especialmente en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental.

Marcolini: “buscamos ordenar, transparentar y poner en valor tierras del Estado“

Walther Marcolini, senador de la UCR y autor del proyecto, defendió la iniciativa destacando que se trata de una herramienta “necesaria para ordenar la situación actual” de las tierras fiscales en la provincia. “La provincia no sabe exactamente cuántas tierras fiscales tiene. Este proyecto obliga a crear un registro público para conocerlas, clasificarlas y definir su uso”, explicó en diálogo con “Entre mate y mate”.

Según el legislador, la ley contempla la posibilidad de adjudicar tierras de forma directa a familias puesteras que ya viven o trabajan en ellas: “la idea es que quienes están ocupando tierras fiscales con fines agropecuarios puedan tener un marco de regularización y eventualmente acceder a la propiedad”.

Marcolini destacó que la ley busca promover el desarrollo productivo en zonas donde hay tierras disponibles, y subrayó que “las licitaciones son un mecanismo transparente que evita manejos discrecionales”.Señaló que esta ley busca justamente “establecer reglas claras y evitar situaciones confusas”.

Compartimos las palabras de Marcolini en al aire de “Entre mate y mate”:

Vaquer: “la ley deja abierta la puerta a la extranjerización y carece de controles“

Desde el justicialismo, el senador Gerardo Vaquer acompañó parte del espíritu de la norma, pero advirtió sobre serios riesgos: “valoramos que se priorice a las familias que ya viven en tierras fiscales, y logramos que se incorpore la posibilidad de adjudicarles de manera directa, sin necesidad de licitaciones”, explicó. Sin embargo, manifestó fuertes reparos sobre otras disposiciones.

“Nos preocupa la posibilidad de que grandes superficies sean entregadas vía licitación pública a oferentes extranjeros, sobre todo cuando se habla de explotación industrial”, señaló. En ese sentido, se refirió a los peligros de extranjerización de tierras estratégicas y puso como ejemplo el caso del centro de esquí “El Azufre”, “un emprendimiento que en su momento fue muy cuestionado por su impacto ambiental y la cantidad de hectáreas involucradas”.

Vaquer denunció además la falta de controles estatales efectivos, especialmente en actividades extractivas. Contó una anécdota reveladora durante una visita oficial al proyecto minero San Jorge: “pregunté si habían hecho mediciones de agua subterránea y me dijeron que sí, pero la Policía Minera, que estaba ahí para controlar, no sabía dónde estaban los instrumentos. Eso te da la pauta de que los controles no se hacen”.

El legislador presentó un pedido de informes y un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de la Ley 7722 (que protege el agua en Mendoza), presidida por la oposición. Sin embargo, ambos fueron bloqueados por el oficialismo. “No hay voluntad de controlar. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no permiten los informes?”, cuestionó.

Por eso, una parte clave será el relevamiento que el gobierno deberá hacer una vez sancionada la ley. “Ahí vamos a tener que estar muy atentos. El registro público será fundamental para conocer qué tierras tiene realmente la provincia y qué piensa hacer con ellas”, concluyó Vaquer.

A continuación la entrevista con Vaquer: